Febrero 02, 2023
A Rosa María Bello la asesinaron en junio de 2022, en la Ciudad de México. En el hecho hubo tanta saña que lo clasificaron como feminicidio. Siete meses después, las autoridades capitalinas no han detenido a ningún posible responsable, además la investigación ha estado llena de errores y omisiones.
“La Fiscalía de feminicidios de la Ciudad de México no ha propuesto casi ninguna línea de investigación, nosotros hemos tenido que aportarlas todas, decirles que entrevisten a gente del entorno, buscar cómo y dónde hacer las pruebas de genética, ellos lo que nos propusieron, en concreto un comandante de la policía de investigación, fue comprar a un testigo que señalara al principal posible responsable, cosa que no aceptamos”, dice Bernardo Bello, hermano de la víctima.
Rosy tenía 53 años de edad, vivía sola, en la alcaldía Azcapotzalco, era maestra y abogada. Ese sábado 11 de junio su familia se preocupó cuando en todo el día no tuvo noticias de ella. “Los fines de semana solía ir a casa de mis papás. Ese sábado no llegó. Mi mamá empezó a llamarla desde las 3 de la tarde y no respondía. Nos preocupamos, así que fuimos a su departamento”, cuenta Bernardo.
A Rosy la encontraron estrangulada, con numerosos golpes en cara y cuerpo, y con la tercera parte del cabello arrancado. Por la saña con la que se cometió el crimen y las lesiones que presentaba el cuerpo se catalogó como un feminicidio.
Desde entonces casi nada se sabe y ni autoridades ni la familia pueden ordenar las piezas y resolver qué pasó. Lo único claro es que los errores durante la investigación son evidentes.
N+ solicitó una entrevista a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio de la Ciudad de México, para hablar del caso de Rosa María Abello, pero la institución respondió que no daría un posicionamiento al respecto.
Fallas y un análisis de sangre
Desde el principio, la investigación para esclarecer el crimen y encontrar al responsable tuvo deficiencias, asegura la familia de Rosy y sus abogados. Así lo relata su hermano Bernardo:
“Supuestamente en el lugar de los hechos no se encontraron huellas ni ningún rastro que pueda señalar al responsable, pero es que sólo recabaron muestras del sitio donde estaba el cuerpo y alrededor, pero no de todo el departamento”.
Esto pese a que el Protocolo para la investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio en la Ciudad de México señala que el personal deberá hacer uso de técnicas complementarias, equipos y materiales que le permitan localizar todos los indicios presentes en el lugar de la intervención.
Otra falla que la familia destaca es que no se le practicó el raspado de uñas al cuerpo de Rosy, también marcado en el Protocolo, para ver si ahí se podían encontrar muestras que delatarán al culpable. “Supuestamente no se hizo porque tenía las uñas muy cortas, pero aunque estén cortas algún rastro podía haber y no lo hicieron”, señala Soraya Bello, hermana de la víctima.
Aunque la omisión que la familia y los abogados consideran la mayor de todas, es que tres días después del crimen se encontraron rastros de sangre en la casa de uno de los sospechosos y la Fiscalía de Feminicidios no pudo obtener un perfil genético, para saber si había sangre de Rosy, a partir de esas manchas.
Eran manchas grandes, una de ellas de más de un metro (esto costa en la carpeta de investigación a la que N+ tuvo acceso), y resulta que no tomaron muestras suficientes para obtener, con la tecnología que tiene la Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio de la Ciudad de México, el perfil genético de a quién pertenece esa sangre, explica Enrique Guerrero, asesor jurídico de la familia de Rosy.
La Fiscalía de Feminicidio se quedó en eso, en que no se habían recabado muestras suficientes de esa sangre y no se podía obtener el perfil genético, no buscaron opciones, reprocha el abogado, ha sido la familia y la asesoría jurídica quienes las han buscado.
Esa búsqueda incluyó consultar con una perito en genética que les dijo que sí era posible obtener un perfil genético con la cantidad de muestras que se tienen, pero se necesita una tecnología de última generación, que solo tiene, en México, la Fiscalía General de la República (FGR) o la Guardia Nacional.
“Desde el 15 de julio le pedimos a la fiscalía (de feminicidio de la CDMX) que buscara opciones para poder dictaminar esas muestras -asegura Bernardo- les dijimos que buscaran colaboración con algún instituto forense, con alguna institución y solo nos decían que lo estaban gestionando. Fue hasta que nuestros abogados contactaron con la genetista que supimos que la tecnología sí existía en el país, que la tenía la FGR y la Guardia Nacional”.
Después de averiguar todo esto por su cuenta, familia y abogados solicitaron, en octubre, a la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México que se pidiera la colaboración de la FGR para hacer las pruebas, pero la respuesta, que consta en la carpeta de investigación y de la que N+ tiene copia, fue que la FGR sí tenía la tecnología, pero no tenía reactivos para hacer el análisis respectivo de las muestras.
Ante esto, el 19 de octubre se solicitó la colaboración de la Guardia Nacional. “Nos dijeron que el estudio era muy costoso y tenían que esperar a reunir 100 muestras para hacerlo”, dice Bernardo Bello. Hasta ahora, el resultado de esa prueba no ha llegado, aunque las autoridades les prometieron ya a la familia y los abogados que se tendrán esta semana.
Videograbaciones perdidas y un viaje de Uber sin confirmar
La Fiscalía tampoco acertó en recabar los videos de las dos entradas que tiene el edificio donde vivía Rosy. Solo se recabaron las imágenes de la cámara de una entrada que permanece abierta solo hasta las 12 de la noche, pero no la de la que se queda abierta 24 horas.
Respecto a esto, el Protocolo para investigar feminicidios de la Ciudad de México señala que la policía de investigación deberá determinar la posible entrada, recorrido, escondite, ruta de salida o huida de las personas autoras y partícipes del hecho, previa observación del lugar, e identificación de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado dichos datos, debiendo recabarlos, analizarlos o mandarlos al área de video inteligencia o video forense.
La cámara sí servía y las videograbaciones existían porque el hermano de Rosy las vio -asegura el abogado- pero resulta que no las extrajeron y la justificación del policía de investigación al que enviaron a extraerlas es que a él no le especificaron que tenía que recolectar lo de esas cámaras, que a él solo le dijeron que buscara en las imágenes a una persona con la descripción de la víctima y a eso se limitó.
En toda la trama del feminicidio, hay un Uber involucrado. Aparentemente Rosy solicitó un auto a las 6:23 de la mañana de ese sábado, según se pudo constatar en su teléfono. La familia pensó durante muchos meses que ese Uber lo había pedido para ir a hacerse unos estudios médicos que tenía programados para ese día. Pero el chofer canceló el viaje porque el usuario nunca apareció para abordarlo.
La familia y la asesoría jurídica estuvo insistiendo para que se pidiera información a Uber sobre los detalles del viaje y se entrevistara al chofer. “Pero la fiscalía no hizo bien la petición, que según Uber tenía que hacerse a través de una plataforma digital y después no puso una medida de apremio, una multa por no responder, y apenas la tercera semana de este mes (enero), la fiscalía entrevistó al chofer”, señala el abogado.
Desde el teléfono de Rosy se pidió un Uber, que recogería a alguien de una dirección diferente a la suya con destino a su casa. Siete meses después del homicidio se tuvieron esos datos.
Sin datos de llamadas y sin testigos
Hasta el momento, la fiscalía no tiene la sábana de llamadas del teléfono fijo de la víctima, es decir, del departamento donde se cometió el feminicidio, pese a que Soraya Bello le ha pedido desde el 15 julio, a las autoridades que la obtengan. Su abogado señala:
“El Ministerio Público no ha hecho la solicitud a la autoridad judicial, pidió la sábana de llamadas a Telmex, el 3 de noviembre apenas, pero tiene que llevar una autorización judicial porque es intervención de telecomunicaciones y esta no la han pedido”.
Bernardo y Soraya Bello denuncian, además, que ellos tuvieron que pedir que se hicieran la mayoría de las entrevistas a vecinos y personas del entorno cercano de Rosy, aunque esto también es un procedimiento marcado en el protocolo para investigar feminicidios.
“A mi mamá, que fue una de las personas que encontró el cuerpo, no la han llamado. A sus compañeros de trabajo apenas hace 15 días que los entrevistaron. A una vecina que pudo haber visto algo crucial, la llamaron a testificar hasta tres meses después de los hechos y a uno de los principales sospechosos no le han enviado ni citatorio directo para entrevistarlo, por lo menos como posible testigo”, dice Bernardo.
Desafortunadamente, asegura Guerrero, el caso de Rosa María Bello ejemplifica las negligencias que predominan en las investigaciones de feminicidios y que terminan redundando en la impunidad. “Ojalá que la fiscalía empiece a actuar con urgencia para que este caso no quede impune y que tengan autocrítica para advertir los errores en los que han incurrido y que estos no se sigan cometiendo”, subraya el abogado.
Con información de N+
